Para un gobierno que ha querido hacer de la transformación su origen y destino, resulta difícil asumir el que se le señale de regresivo. Es este supuesto el que lo ha llevado a repetirse y a repetirnos que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo carece de esa condición de regresividad. Sin embargo, basta comparar lo que hay actualmente en ese ordenamiento con lo que se pretende cambiar, para poder concluir que, de darse, la nueva legislación será efectivamente regresiva en lo que se refiere nada menos que a las garantías de protección de los derechos humanos.
