El gobierno de los jueces se renovó hace medio año por acuerdo de las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias, que se repartieron a partes iguales el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): 10 vocales a propuesta del Ejecutivo de coalición y 10 designados por el Partido Popular. Con ese pacto, alcanzado en plena refriega política, parecía terminar una situación perversa provocada por cinco años de bloqueo del PP, que así logró mantener la hegemonía conservadora en los órganos judiciales clave desde al menos 2018, fecha en la que expiró el mandato del anterior CGPJ. Sin embargo, la experiencia de estos meses de funcionamiento del nuevo vaticina lo contrario.
