La Comunidad de Madrid ha tenido que pagar desde hace más de una década 51 millones de euros a cuatro hospitales públicos de naturaleza público-privada como consecuencia de sentencias judiciales en contra de la administración, según un informe de la Intervención regional al que accedió EL PAIS. De esta manera, los gestores de los centros de Majadahonda, Parla, Arganda del Rey y Coslada lograron que los tribunales reconocieran su derecho a obtener más dinero por mejorar la eficacia energética de sus instalaciones; anularan sanciones de la administración; o repercutieran en los pagos anuales que esta les hace tras haber construido los edificios la variación del tipo de IVA aplicable. Es solo la punta del iceberg: a finales de 2023, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tenía provisionados 62,5 millones de euros para litigios pendientes con las concesionarias, que desde inicios del siglo XXI, y hasta finales de 2024, habían interpuesto 209 recursos contencioso-administrativos.
