Las últimas cinco masacres que se han registrado en la provincia ecuatoriana de Orellana, cerca a la frontera con el departamento del Putumayo, han sido atribuidas a las disputas entre los Comandos de la Frontera, el grupo armado colombiano con asiento en las mesas de negociación del Gobierno de Petro, y Los Choneros, la banda criminal ecuatoriana con raíces en el cartel de Sinaloa. La guerra de los dos grupos armados, que controlan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en esa zona de la Amazonía, se ha agudizado desde julio pasado, cuando se rompió una tregua entre los dos actores. Un campesino cocalero de la región dice, vía WhatsApp, que antes debía pagar un “impuesto” por la venta de cada kilo de la pasta base de cocaína de 150.000 pesos (unos 35 dólares). “Ahora hay que pagarle a los dos señores, que vienen a cobrar dos veces por el mismo producto”, señala. Minutos después borra el mensaje, para no dejar rastro de sus palabras.
