La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional creado con el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, seguirá contando con el apoyo de las Naciones Unidas. Este respaldo estaba en el limbo tras el voto del pasado viernes del Consejo de Seguridad de recortar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia en el seguimiento a las sanciones restaurativas y al capítulo étnico. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha confirmado este jueves que será su oficina la que procederá con estas tareas, pues también están en su encargo y son fundamentales para mantener la legitimidad internacional de lo pactado en 2016.
