La Ley de Cambio Climático es clara: las ciudades con más de 50.000 habitantes deben establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con acceso limitado a los vehículos con más contaminantes. Lo que debía estar por descontado cuando llegara 2023, dos años después sigue provocando dolores de cabeza en varios de los 24 municipios madrileños obligados por su cantidad de habitantes. Las ZBE, “en las que serán claves las administraciones autonómicas y locales”, dice la normativa estatal, son una realidad en 10 ciudades de la Comunidad de Madrid, aunque todas, salvo la capital, han llegado con retraso. Varias de ellas se han implementado, además, de una manera que hace pensar que el objetivo era tachar una tarea pendiente de la lista, en lugar de contribuir a bajar los índices de contaminación atmosférica.
