Los ojos de Víctor Ángel Torres, ministro del Gobierno de España, relampaguean cuando escucha la pregunta. “¿Teme el gobierno una posible imputación de Pilar Sánchez Acera?”, le inquieren este miércoles en un acto de homenaje a la Constitución. “Temor a la justicia, ninguno”, responde el político canario antes de que se sepa que el Supremo rechaza “por ahora” investigar a la alto cargo de Moncloa en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por la presunta filtración de un email del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ese intercambio, sin embargo, refleja el problema al que se enfrenta el partido. Tras conocerse que Sánchez Acera envió el correo a Juan Lobato, el PP cree haber encontrado el hilo del que tirar para intentar implicar en el caso al ministro Óscar López (futuro secretario general del PSOE en Madrid, y jefe en ese momento de Sánchez Acera) y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y como todo está aún pendiente de dirimirse en el Supremo, el PSOE ha optado por controlar daños. No hay un apoyo explícito. Tampoco críticas. Sánchez Acera ha quedado en una especie de limbo.
