El exsubdirector general regional de centros educativos de Formación Profesional (FP), Alfonso Mateos, investigado en el caso FP, ha declarado este miércoles en el juzgado número 39 de la plaza de Castilla que no tenía competencias para autorizar las obras realizadas en 2021, 2022 y 2023 que se investigan en la causa, y ha señalado a toda la cadena de mando de la Consejería de Educación, incluyendo, sin mencionar su nombre, al entonces consejero, Enrique Ossorio, que ahora es presidente de la Asamblea de Madrid. Así lo transmite a este diario una fuente conocedora de la investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa a través del supuesto fraccionamiento ilegal en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos. En la época investigada, Ossorio actuaba como número dos de la presidenta, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, era viceconsejera de Educación.
