El Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el conflicto positivo de competencia promovido por el Ejecutivo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), contra el acuerdo del Gobierno para declarar la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad madrileña, Lugar de Memoria Democrática, al haber pertenecido a la “Extinta Dirección General de Seguridad franquista”. La tesis de la administración autonómica es que ese edificio es de su titularidad, y por lo tanto tiene plenas competencias sobre él, sin que se le pueda imponer una decisión como la recurrida, a la que atribuye asimismo “memoria selectiva” con respecto a un enclave concreto con “afán manipulador”. El Gobierno, en cambio, ha alegado que se trata de reconocer a las personas que lucharon “por la libertad y la democracia” y sufrieron “torturas y malos tratos” en dicho edificio.
